El intendente Roy Nikisch, lleva adelante un plan para ocultar recursos, impedir controles y manejarlos discrecional e irregularmente. Un método que necesita tres cosas para funcionar: ocultar la verdadera disponibilidad de recursos; demorar o bloquear el acceso a la información pública, y ejecutar decisiones y contrataciones fuera del control oportuno de la comunidad y de las instituciones.
LA LÓGICA DEL PLAN
El Ejecutivo municipal montó un mecanismo de defraudación basado en contrataciones fantasmas, donde se certifican alquileres de camiones y máquinas que nunca existieron; se direccionan contrataciones a un grupo selecto de proveedores amigos; se paga por servicios que jamás se prestaron; se contratan obras con sobreprecios; se fabrican deudas y se realizan compras de mayor cantidad y precios. Todo esto se hace en la “oscuridad”, mediante contratación directa, eludiendo procesos de licitación e incumpliendo los deberes de publicidad de los actos de gobierno.
Al eludir los procesos de licitación y ocultar las resoluciones oficiales, el Ejecutivo no sólo obstaculiza el rol fiscalizador del Concejo, vulnerando principios básicos de la administración pública, sino que también atenta contra el derecho constitucional de la comunidad de acceso a la información pública, sumiendo la gestión de los recursos comunes en una absoluta opacidad.
Mientras tanto, se instala un discurso de crisis financiera permanente, dicen que no hay recursos pero los números muestran otra cosa, ya que además del superávit que se acumula con el ingreso de coparticipación y de tributos propios de la ciudad, tomó relevancia el ingreso de los No Tributarios, que incluye intereses cobrados por inversiones financieras.
Los intereses por Plazo Fijo, por ejemplo, pasaron de $45 millones en 2023 a más de $5.600 millones en 2025, y el total de $2000 millones pasó a $11.650 millones. Es decir que, en los dos años de gestión, Nikisch cobró más de $10.000 millones de intereses por Plazo Fijo. Lo “llamativo”, es que para obtener esos montos, el Municipio necesitó un capital superior a $20.000 millones, un monto que nunca apareció en los estados contables.
Por eso decimos, que la verdadera disponibilidad de los fondos o recursos públicos municipales, es ocultada deliberadamente. ¿Cómo lo hicieron?, suspendiendo las publicaciones del Boletín Electrónico Municipal, retrasando hasta un año la publicación de resoluciones y negando información a concejales y ciudadanos. La gestión reemplazó la comunicación institucional por propaganda, alejando a la comunidad de la vida municipal.
La oscuridad administrativa es una condición necesaria para evitar la exposición de sus decisiones. Mediante la publicación tardía de actos oficiales y una ejecución presupuestaria poco clara, el Municipio anula la capacidad fiscalizadora, porque cuando la información aparece meses después, el dinero ya salió, la operación ya se ejecutó y lo único que queda es una huella burocrática frágil y tardía.
LA OPERATORIA
La operatoria predilecta es a través del alquiler de camiones, máquinas y equipos. Allí vemos indicios de un esquema que podría incluir el sobredimensionamiento de prestaciones, direccionamiento de proveedores, certificaciones difíciles de verificar, y pagos de servicios certificados pero no realizados, donde el control posterior es difícil porque se certifica el paso del tiempo y no la realización de m2 de trabajo material.
Y acá está lo importante: ese tipo de maniobras sólo puede prosperar con el deliberado ocultamiento de los recursos y un entramado de actos administrativos irregulares. Esto impide cualquier control del proceso.
Nuestra estimación preliminar indica que, solo en este rubro, el volumen potencialmente malversado o desviado podría superar ampliamente los $12.000 millones, con niveles de irregularidad que podrían ser extremadamente altos.
LOS INTERESES FINANCIEROS DEJAN VER QUE HAY MÁS PLATA DE LO QUE SE CREE
Uno de los datos más reveladores de esta gestión está en el crecimiento extraordinario de los intereses cobrados por inversiones financieras realizadas con fondos municipales:
- En 2023, los intereses fueron de $45,4 millones;
- En 2025, treparon a $5.650 millones;
- En el acumulado de estos dos años, superan los $10.000 millones.
Eso muestra que hubo una masa enorme de recursos públicos colocados financieramente, generando renta en magnitudes imposibles de ignorar. Pero esa disponibilidad no fue expuesta con claridad. No dan explicaciones, no dicen cuánto capital se invirtió, en qué instrumentos, por cuánto tiempo, ni dónde quedó correctamente reflejado en los estados financieros.
Pero, si tomamos los montos generados por intereses en Plazo Fijo y tenemos en cuenta las tasas vigentes, el capital que se requiere para obtenerlos ronda los $20.000 millones. Y en la cuenta de inversiones financieras del ejecutado se informa $3.400 millones como inversión de capital al 31 de diciembre. De ahí la necesidad e importancia de que el Ejecutivo rinda cuentas del capital invertido durante todo el año.
SIN PUBLICIDAD REAL NO EXISTE CONTROL REAL
Durante meses, la publicación del Boletín Electrónico Municipal dejó de cumplir la función que debía cumplir. Hubo actos, licitaciones y decisiones que no estuvieron efectivamente al alcance público cuando correspondía. Y lo mismo pasó con las Resoluciones de Intendencia, que son precisamente los actos donde se formalizan decisiones clave como: contratación, afectación de partidas, autorizaciones de gasto y otros movimientos sensibles. La situación fue tan grave que las más de 3.000 resoluciones dictadas durante 2024 comenzaron a publicarse recién en abril de 2025, y muchas de las de 2025 también aparecieron con fuertes demoras.
Eso significa una sola cosa: las decisiones por las que se gobernó y se movieron recursos estuvieron fuera del control público cuando debían ser controladas. Y cuando una resolución aparece después de que el dinero ya salió, el control llega tarde y la maniobra ya está consumada; a lo que hay que sumarle otro elemento grave: la falta de respuestas a pedidos de informes y la retención sistemática de información relevante al Concejo.
Por todo lo expuesto, es que denunciamos, no sólo “falta de transparencia”, sino la “construcción deliberada de un sistema de administración opaca, funcional a la disposición irregular de recursos públicos”.