Compra y alquiler de máquinas con sobreprecios y falta de publicación formal
El concejal del Frente Chaqueño, Fabricio Bolatti, concretó este martes la presentación de un informe ante el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a los efectos de que analicen si corresponde dar inicio a un proceso de investigación o inspección sobre la existencia de sobreprecios en el valor de adquisición de camiones compactadores, la falta casi total de publicación de los actos de gobierno durante lo que va de la gestión, y la afectación de $9.400 millones al alquiler de 138 equipos y máquinas varias, por un plazo de seis meses, cuya magnitud no guarda relación con lo que efectivamente puede observarse en el territorio.
El edil compartió un cuadro en el cual expone las distintas alternativas de operación con una misma inversión, siendo la primera, la ejecutada por el intendente Roy Nikisch: alquila por 6 meses 138 equipos y máquinas, a un valor de $9.400 millones.
La comparación detallada por el concejal refleja que, con el mismo importe con el que el Municipio alquiló los 138 equipos, que tiene que devolver, pudo haber destinado a la compra de 62 equipos varios o 56 camiones compactadores, que pasarían a formar parte del Patrimonio municipal. “Si observamos, prácticamente el valor del alquiler de un equipo por un año, es igual a la compra del mismo equipo. Por lo que, si hacemos números, con esta erogación podríamos comprar un equipo que como mínimo va a prestar servicios cinco años en el municipio. Sin embargo, hoy, en las condiciones establecidas, solo estaría quedando un año en la Municipalidad, ya que los otros 4 años es el valor del sobreprecio aplicado”, precisó Bolatti.
Cuadro 1.
*Más irregularidades en las contrataciones de la gestión Nikisch
En el informe presentado a los Organismos de Control, el concejal Bolatti también muestra la diferencia de valores o precios entre lo presupuestado por la Administración Nikisch por un camión compactador, con la misma operación realizada por otros municipios del país (por el mismo bien), donde hasta una adquisición licitada hace dos meses, es 27% más barata que el precio que la realizada el 25 de octubre del 2024, por el Municipio de Resistencia.
Cuadro 2.
*Una gestión oscura e ilegal de punta a punta
El informe deja ver también lo que sucede en la gestión Nikisch, en cuanto a la obligación de publicar los actos de gobierno y puntualmente, la obligación y necesidad legal de publicar el Boletín Electrónico Municipal, que es el soporte donde se deben llevar adelante los avisos y comunicaciones en caso de licitaciones, información sobre la gestión, ordenanzas y resoluciones para que tengan efecto legal y contra terceros, las normas o decisiones originadas en las facultades legales de los Departamentos que integran la Municipalidad.
“Claramente se pueden corroborar las graves irregularidades en la que se despliega la gestión municipal actual, donde en los primeros cinco meses del mandato, prácticamente no se publicaron los Boletines Electrónicos Municipales. Al inicio fueron apareciendo algunos números que tenían que ver con temas de la gestión anterior, para luego suspenderse la publicación y al tiempo directamente no estar accesibles los números anteriores. Finalmente a inicio de este año se fueron publicando hasta ponerse al día los números y comenzar a normalizarse solo la publicación”, indicó el concejal.
Asimismo, señaló que se dice “solo la publicación”, porque independientemente que estén disponibles los números de Boletín, se puede ver en ellos que no están publicadas muchas cosas importantes. “Primero faltaban las Resoluciones de Intendencia, las que luego aparecieron aparte del Boletín, algo que no debería serlo, porque deja de cumplir condiciones formales de publicación, pero tampoco están publicadas todas las Licitaciones por ejemplo”.
En esa línea, detalló que, de las 48 licitaciones formalmente enumeradas en lo que va de 2025, no fueron publicadas las N° 1, 2, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 19 y 33, al menos hasta el Boletín N° 47 del 13 de mayo. “Estimamos que estas ya se han ejecutado, es decir, que se compró por licitación sin que se haya publicado el llamado, impidiendo que cualquier ciudadano pueda conocerla o participar, salvo quienes fueron avisados directamente”, advirtió. Agregó además que algunos boletines ya publicados fueron modificados o «actualizados» posteriormente, algo que no corresponde legalmente, ya que cualquier corrección debe hacerse mediante una nueva publicación y con fe de erratas.
Respecto a las Resoluciones de Intendencia, explicó que se trata de una de las normas más utilizadas, directamente vinculada a decisiones del Ejecutivo sobre ejecución presupuestaria y administración del personal. Se estima que se dictan cerca de 4.000 resoluciones por año, muchas de las cuales tienen efectos sobre terceros, y por lo tanto requieren publicación para tener validez legal. “Al 31 de diciembre de 2024, se habían publicado menos de 10 resoluciones. Las restantes, que superan las 3.000, recién comenzaron a aparecer en la web del Municipio a partir de marzo de 2025. Incluso a la fecha del informe, no hay más de media docena de resoluciones accesibles entre los boletines y la web oficial”, señaló. Y sumó: “Si a esto le agregamos la falta de respuestas a pedidos de informes, la no entrega de documentación obligatoria y la ausencia de publicación de convenios vigentes, podemos afirmar sin exagerar que la gestión de Nikisch opera en una oscuridad casi total e intencional, lo que no solo es grave, sino que le otorga un carácter de ilegalidad a muchas de sus decisiones, que no deberían tener vigencia, al menos hasta su publicación”.
“Un caso a citar: el ruidoso proceso de revisión y posterior suspensión de más de 400 trabajador@s de planta, con posterior demanda de Lesividad que está tramitándose en la Cámara Contenciosa Administrativa, sin resolución de fondo a la fecha, pero sí con una Cautelar vigente que basada en fundamentos mentirosos por parte de la gestión, está perjudicando a cientos de familia, llevándola a situaciones extremas, además de afectar los servicios municipales, y el patrimonio público, algo que se va a ver con el tiempo el grado de daño ocasionado”, remarcó.
Y señaló que “todo este procedimiento parte de la Resolución de Intendencia N° 4343/23, del 27 de diciembre de 2023, que creó la Comisión Revisora y dio origen a otras resoluciones sustanciales como la N° 661/24. Sin embargo, esta resolución inicial y fundamental no fue publicada en su momento, en un contexto en el que ni siquiera estaban disponibles los Boletines Electrónicos. Aunque los boletines comenzaron a actualizarse progresivamente desde el último trimestre de 2024, tampoco hicieron pública esta Resolución de la que mucho se escuchó y poco se leyó. Recién en el Boletín Electrónico Nº 47 del 13 de mayo del año 2025, fue publicada y expuesta para su conocimiento la normativa, por lo que claramente todo el proceso realizado es ilegal, y tal interpretación es sustentada por los mismos considerandos de la propia norma, que toma esta falta de legalidad para decir que todo lo actuado por la gestión anterior debía quedar sin efecto”.
“Lo último que se pierde son las esperanzas”
A pesar de haber realizado una presentación similar por el aumento injustificado del 1.250% en el boleto del transporte público sin respuestas ni avances, el Concejal Bolatti insiste en actuar como si cada funcionario cumpliera con su deber institucional. “La corrupción no es parte necesaria de la política ni de lo público. Aceptarla es resignarse a la falta de recursos en educación, salud, ambiente o seguridad. Los que no quieren resolver estos problemas, no deberían ocupar cargos públicos”.
En gestiones anteriores, muchos recursos no fueron destinados legalmente al bienestar de la comunidad. Se perdieron oportunidades de mejorar la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes. Hoy, el mismo patrón se repite: fondos que no se traducen en obras ni en respuestas concretas, sino en pagos inflados por bienes o servicios innecesarios que terminan favoreciendo intereses particulares. “Esto nos genera tristeza, impotencia y la convicción de denunciar cada vez que detectamos hechos similares. No lo hacemos porque nos guste, sino porque creemos que el Estado debe servir al pueblo y no ser una herramienta de fuga de recursos. El problema es cuando quienes deben controlar y corregir estas situaciones no actúan o lo hacen en sentido contrario, consolidando un mensaje peligroso: que en lo público todo vale, que robar está permitido, que el Estado no sirve. Y mientras tanto, si un menor roba una bicicleta, algunos ya piden bajar la edad de imputabilidad. Espero que quienes no hacen nada contra la corrupción, no sean los mismos que quieren castigar con dureza a quienes menos tienen”, concluyó el concejal, quien espera que las presentaciones realizadas ante el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas “sirvan para fortalecer las instituciones y cumplan mejor su rol”.