Este jueves, el concejal del Frente Chaqueño Fabricio Bolatti se refirió a la aplicación de la norma conocida como “impuestazo” en Resistencia y calificó a la misma de gravedad institucional.
“Nos encontramos con un Concejo bastante cerrado, con que no se difunde lo que se hace, incluso en en la sesión prácticamente no se hablaba de lo que se sancionaba sino que se acordaba todo en ‘labor parlamentaria’, que sin bien es de acuerdo político, es un ámbito informal y no es público; ni siquiera los asesores de los concejales pueden entrar”, señaló.
“Estamos atravesando una situación de gravedad institucional. Se está aplicando una ordenanza que no se dictó como lo establece el reglamento, que requiere un tercio de los votos; una norma que se votó en general y no en particular y sin embargo las boletas están llegando indiscriminadamente”, acusó en entrevista por Ciudad TV.
Asimismo, denunció que “la Ordenanza del Impuestazo todavía no se publicó en el Boletín Oficial. No contamos con la información precisa, no sabemos cuál es el criterio que se está utilizando con respecto a los porcentajes que se están aplicando en cada parcela de la ciudad. Como concejal he pedido por nota esta información, pero todavía no la tengo. Se aplica una norma que no se conoce”; e indicó que los vecinos recurrieron al Defensor del Pueblo Municipal, quien tuvo que solicitar un habeas data, un recurso de derecho a la información pública.
En tal sentido, Bolatti recordó que por ello recurrieron a la Justicia “para plantear esta irregularidad y no obtuvimos respuesta, cuando las reglas ordenan que en 48 hs se deba resolver esta cuestión”, lamentó.
Cabe mencionar que luego de agotar las instancias político-institucionales y administrativas, Bolatti acudió al Poder Judicial para que intervenga a fin frenar el ‘Impuestazo’. “Se solicitó al Poder Judicial que declare la inconstitucionalidad y la nulidad de la Ordenanza Nº 13258/19 y, preventivamente a los efectos de evitar daños patrimoniales a vecinas y vecinos, que dicte medida cautelar ordenando la suspensión de los efectos de la citada ordenanza y sus Anexos, Impositivo y Tributario con el propósito de mantener vigente los derechos de los contribuyentes y ciudadanos en general”, recordó.
Concretamente, se planteó que la Ordenanza resulta nula e inconstitucional al vulnerar los principios de “publicidad, legalidad, igualdad y razonabilidad, y el derecho de propiedad, de manera manifiesta, al establecer tributos sin contar con atribuciones para ello por una parcialidad insuficiente del Concejo Municipal”.
Respecto a ello, Bolatti adujo que “las instituciones están rengas y no reaccionan. La Justicia tenía 48 horas para expedirse sobre el amparo presentado, sin embargo han pasado dos semanas y el optimismo que teníamos de que el ‘equilibrio de poderes’ resuelva esta cuestión, la estamos perdiendo”.
“Esto, que es de una gravedad institucional, el tener ‘una norma que no es norma’, parecería que la Justicia lo ve como normal y lo va a dejar pasar; por ello es que sostengo que atravesamos una crisis institucional que habilita a que una norma salga con irregularidades y se dicte en un lugar y de la forma que no corresponde”.