ZDERO, AUSENCIA DE GESTIÓN Y CRIMINALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL
El valor del trabajo organizado y la responsabilidad del Estado.
*Por Fabricio Bolatti
Nuestra comunidad, particularmente la del Gran Resistencia, ha sido testigo en los últimos 30 años de una dinámica social clara y muy fuerte: la organización social y colectiva para peticionar soluciones al Estado. Esta práctica, muchas veces impulsada y acompañada por distintos gobiernos, permitió dar respuesta a necesidades básicas y fortalecer el tejido social.
Podemos citar la experiencia del Barrio Mate Cocido, durante la gestión del gobernador Ángel Rozas, donde el Estado compró tierras y financió obras para la construcción de viviendas; o durante el gobierno de Roy Nikisch en la provincia, cuando se formalizó la entrega de tierras al movimiento liderado por Emerenciano Sena, junto con el impulso a proyectos productivos para ejecutar en las mismas. Ambos dieron origen al trabajo organizado en nuestra provincia.
Con el gobierno de Néstor Kirchner, este modelo de inclusión social se profundizó. Se promovieron cientos de pequeñas y medianas empresas de la construcción, descentralizando la obra pública y distribuyéndola a través de cooperativas, evitando así la concentración en manos de las grandes y pocas empresas. Este modelo de inclusión no solo generó empleo, sino que también promovió la capacitación y organización popular. Así nacieron entidades como Apymec, dirigida por el radical Zarabozo, o el C.E.C. referenciado en Mateo Alemán, además de una Cámara de la Construcción que vivió un período de gran dinamismo y crecimiento.
Las cooperativas de trabajo florecieron en todo el país, y nuestra provincia no fue la excepción. En Chaco se construyeron alrededor de 30 Centros Integradores Comunitarios (CICs), y cada uno implicó la creación de entre tres y cinco cooperativas. Cuando estas obras concluyeron, el Estado —ya con Jorge Capitanich en la gobernación— se propuso garantizar continuidad laboral para estas organizaciones, generando así más de 3.000 puestos de trabajo y la formación de cientos de personas en oficios de la construcción, lo que le permitió a muchas de ellas, la oportunidad de ingresar a trabajar en empresas.
En los primeros años, esta política social generó unos 5.000 empleos directos en el sector. Para 2015, el número se había casi triplicado: 14.000 empleos y cerca de 400 cooperativas trabajando en la construcción de viviendas, centros comunitarios, pavimento e infraestructura básica.
La llegada del gobierno de Domingo Peppo trajo la desvirtuación de estas políticas y algunas cooperativas pasaron a ser instrumentos de acuerdos políticos o económicos, muchas veces ligados a movimientos sociales, y comenzaron a aparecer obras inconclusas, referentes que cambiaron rápidamente sus situaciones económicas, mientras las personas que conformaban los grupos o movimientos continuaban con necesidades.
Al iniciar el tercer mandato de Jorge Capitanich, el paso devastador de la pandemia por Covid impidió ordenar esta situación y con la premura de dar respuesta a la emergencia social, se asignaron recursos a polìticas sociales, entre ellas, a las obras a través de cooperativas, pero con funcionarios sin experiencia en gestión y control. El resultado fue la mala asignación de fondos, ineficiencia y, en algunos casos, malversación.
Un Estado que también debe rendir cuentas
A pesar de estas distorsiones, es justo reconocer que en estos años se concretaron más de 70.000 soluciones habitacionales, se construyó infraestructura básica como agua y electricidad, y se mejoró la vida de miles de familias chaqueñas. Esto se logró gracias al compromiso de muchas personas, organizaciones y gobiernos que sí entendieron que el rol del Estado es estar presente, organizar y generar oportunidades.
Pero también es cierto que existieron —y existen— prácticas reñidas con la ética pública. Y es el propio Estado quien debe asumir la responsabilidad de garantizar la buena ejecución de los recursos públicos, y en su defecto, corregir y encauzar las ‘malas prácticas’ a través de sus instituciones.
Esto último podría estar pasando. Y está bien que así sea.
Pero es evidente hoy, que la gestión de Zdero transforma esta necesidad de rendir cuentas en un show político.
Vemos una gestión que utiliza estas denuncias como una herramienta de criminalización del Estado, de las políticas sociales, de los movimientos y de las organizaciones sociales, construyendo un relato que no busca justicia, sino justificar la ausencia del Estado y la falta de gestión, la ausencia de obra pública, y el desmantelamiento de políticas que generaban empleo, desarrollo y oportunidades para los chaqueños y las chaqueñas.
En esta provincia, hoy no hay obra pública, no hay respuesta a las demandas de la comunidad, no hay oportunidades ni generación de empleo. No es casualidad. Es decisión política.
De intenciones, gestiones y realidades
El actual gobernador tiene todo el derecho —y la obligación— de buscar justicia y mejorar lo que considere necesario. Pero la realidad es que no lo ha hecho.
Zdero no ha dejado de ser el mismo del caso PIMP, y es el mismo que en 16 meses de gestión ya acumula denuncias por corrupción, malversación de fondos públicos e irregularidades en la gestión. Y mientras tanto, deja sin empleo a miles de chaqueños y chaqueñas, aplicando políticas liberales, mezquinas y alineadas con el modelo de su socio político, Javier Milei: gobiernos que recortan, desmantelan, estigmatizan, y solo pueden mostrar operaciones mediáticas y judiciales para generar titulares sensacionalistas que desvíen la atención, mientras los problemas reales del pueblo siguen creciendo.
Hoy abundan los falsos profetas. Aquellos que prometen moral y justicia, pero solo traen división, odio y retroceso.
Hay que observar, reflexionar y desconfiar, porque la realidad también habla. Y lo que dice, a gritos, es que no se gobierna con publicidad ni con persecuciones. Se gobierna con decisiones que mejoren la vida de las personas.