¿Estrategia comunicacional o realidad económica?
La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei se presenta públicamente como una “modernización necesaria” destinada a atraer inversiones y generar empleo. Sin embargo, su diseño y buscadas consecuencias sugieren algo distinto: más que resolver los problemas estructurales del mercado de trabajo, opera como un escalón más en el ajuste al pueblo, su patrimonio y sus condiciones de vida, porque entender que esto comienza con esta iniciativa es querer cambiar las cosas desde el deseo simplemente, porque esta etapa de ajuste, endeudamiento, saqueo y quita de derechos, comienza a dar los actuales resultados con el Gobierno de Macri, que hoy continúa en manos de primos políticos.
Este debate e iniciativa, reviste de un abanico de intenciones políticas conservadoras y liberales, incluyendo la estrategia aspectos comunicacionales destinados a continuar con la influencia cultural, y a desorientar las miradas ante el impactante plan que vienen ejecutando en el país, donde el daño que puede provocar esta reforma puede ser insignificante ante lo ya logrado. Se desplaza la atención pública hacia un escenario simbólico – la promesa de eficiencia, libertad contractual y dinamismo económico – mientras se consolidan medidas que reducen costos empresariales, debilitan derechos laborales y consolidan una reversión en la disputa nacional permanente entre salario y capital.
Creer que una reforma basada en ajuste, en imponer más trabajo por igual remuneración y quita de derechos generará automáticamente inversiones genuinas, requiere un grado elevado de optimismo o adhesión ideológica cuasi ciega. La experiencia histórica argentina y regional muestra que estas políticas no fueron causa de expansión sostenida del empleo.
El mito de la flexibilización: Impacto histórico
Las reformas de corte flexibilizador han sido el «caballo de Troya» de todos los ciclos neoliberales en Argentina. El argumento de “reducir el costo argentino” es una constante que siempre termina en los mismos resultados:
Precarización: lejos de incentivar el empleo en blanco, la flexibilización normaliza la informalidad.
Desempleo: al facilitar el despido sin costo, se destruye la estabilidad laboral sin que existan garantías de nuevas contrataciones.
Concentración: el dinero que el trabajador deja de percibir no se reinvierte en el país, sino que se desplaza hacia la especulación financiera o la fuga de capitales.
La historia argentina demuestra que estas políticas nunca fueron la causa de una expansión sostenida del empleo. Por el contrario, fueron el preludio de crisis sociales profundas, endeudamiento externo y, eventualmente, una respuesta estatal basada en la represión para sostener un modelo que no cierra con la gente adentro.
No existe antecedente donde el ajuste y la flexibilización hayan generado empleo masivo y estable. Sí existen múltiples ejemplos donde derivó en debilitamiento del trabajo y mayor concentración del ingreso.
Las trampas del nuevo diseño laboral
La reforma no busca modernizar, busca desproteger. Sus pilares son:
Desmantelamiento de la indemnización: Al reducir las bases de cálculo y excluir el SAC (aguinaldo) y otros conceptos, se elimina la función disuasoria del despido. El trabajador se vuelve «descartable».
Desfinanciamiento Previsional: Al crear mecanismos alternativos que desvían aportes de la seguridad social, se pone en riesgo el sistema de ANSES, lo que a largo plazo significa jubilaciones de hambre y menos recursos para provincias y municipios.
El «Banco de Horas«: Bajo el lema de la flexibilidad, se otorga a la empresa la discrecionalidad total sobre el tiempo del trabajador, eliminando el pago de horas extras y extendiendo las jornadas de manera arbitraria.
La «Libertad» como imposición económica
El gobierno diseñó su estrategia comunicacional para que cualquier desenlace sea presentado como un triunfo. Si la reforma se aprueba, celebran la reducción de costos para sus aliados. Si se rechaza, culpan a la «casta» por bloquear el progreso.
En este escenario, el concepto de «libertad de contratación» es una falacia. En contextos de crisis y asimetría estructural, la libertad del trabajador de «negociar» sus condiciones frente a una gran empresa no existe. La supuesta libertad individual se transforma en una imposición económica: el trabajador acepta condiciones precarias o se queda sin sustento.
La disputa por la renta: ¿Quién se queda con la riqueza?
La discusión de fondo no es meramente técnica sobre «indemnizaciones» o «períodos de prueba». Lo que se está debatiendo es la distribución de la riqueza nacional.
Decidir las reglas y alternativas de la relación laboral es importante pero no es un eje central del cual esperar mayor crecimiento, producción y mejor calidad de vida comunitaria. La discusión de fondo remite a la distribución de la riqueza generada en el país. Los datos históricos muestran un comportamiento de tendencias que son consecuencias de decisiones políticas que a su vez surgen de bases ideológicas que conducen, de manera abierta u oculta, los rostros públicos de cada gobierno.
Históricamente, en Argentina, el 10% más rico de la población nunca recibió menos del 30% de la renta, mientras que el 10% más pobre jamás superó el 2,5%. En los escenarios de ajuste liberal, es la clase media la que cede su participación para alimentar la concentración en la cima de la pirámide. Esto y más podemos verlo en el siguiente cuadro.
Un resultado que coincide con períodos de gobiernos liberales en el país, los que siempre optaron por promover una mayor concentración del ingreso; caída en participación de sectores medios y bajos, en la renta; y reducción del volumen total de ingresos disponibles, por efecto y consecuencias del ajuste, recesión y muda de la economía hacia la especulación financiera.
Es innegable de que estamos hablando de recursos materiales, dinero, patrimonio, riqueza, renta, etc., por lo que se observa que la disputa es por su apropiación, y por quien distribuye lo que se genera. Una etapa de debacle que tiene el inicio con el gobierno de Macri.
La genealogía de la debacle
Si analizamos la participación en la renta nacional, los 12 años del ciclo peronista/kirchnerista mostraron una acumulación positiva para todas las clases sociales, logrando una distribución con mayor presencia de los sectores medios y bajos.
La caída libre se inicia con el gobierno de Macri, que generó condiciones de ingobernabilidad al lograr una reducción salarial y de ingresos del 30%; y endeudar al país por u$s 103.000 millones de dólares, una deuda que hoy pagamos todos pero que nunca se tradujo en infraestructura ni inversión productiva, sino que fue fuente de fuga en favor de la especulación financiera. El gobierno de Milei no solo continúa ese proceso, sino que lo acelera a una velocidad nunca vista.
Cuantificando el saqueo
Clase Media: Por la caída de ingresos y participación, este sector está recibiendo aproximadamente u$s 8.000 millones de dólares menos al año. Esto implica que cada persona económicamente activa de la clase media dejó de percibir unos u$s 3.539 anuales (equivalentes a unos 8 millones de pesos actuales).
Sectores Pobres: El impacto es aún más cruel; a cada persona en situación de pobreza ya le han «sacado» 1,2 millones de pesos al año por efecto de la inflación y la quita de subsidios indirectos.
La guerra contra el salario
En Argentina, el 70% de la población vive de su trabajo. Solo un pequeño grupo (entre el 10% y 15%) percibe ingresos derivados mayoritariamente del capital. Cuando la participación del salario crece, el mercado interno florece. Cuando retrocede, el país entra en recesión.
Lo que al ciclo anterior le llevó 12 años transferir en favor del asalariado (unos u$s 60.000 millones de dólares), al gobierno de Milei le bastaron solo dos años para destruirlo y devolverlo a las manos de los dueños del capital. La reforma laboral viene a «poner el sello» legal a este despojo, consolidando un esquema donde el trabajo es barato y el capital no tiene responsabilidades sociales. (Ver Cuadro 2)
Conclusión
La reforma laboral de Javier Milei es más propaganda que solución. Se inscribe en una genealogía de ajuste que busca desarticular la organización sindical y debilitar al trabajador.
La historia económica de nuestro país es una advertencia constante: cuando se facilita el despido y se precariza el empleo, no crece la inversión, crece la desigualdad. El saqueo no es solo de recursos naturales o financieros; es el saqueo del tiempo y la dignidad de quienes viven de su trabajo. Argentina no necesita menos derechos, necesita una distribución justa de la riqueza que hoy, más que nunca, se está concentrando en las manos de unos pocos amigos del poder.