“No hay vestigio alguno en el ámbito municipal que permita inferir cómo el Departamento Ejecutivo piensa garantizar el servicio público de transporte urbano de pasajeros durante el próximo semestre”, manifestaron preocupados Alicia Frías y Fabricio Bolatti, concejales de la ciudad capital.

Lo formal identificado, establece que las concesiones vigentes tienen establecido como plazo último el 30 de junio del 2022, según ordenanza que así lo autorizó. En paralelo corren las observadas condiciones establecidas por la norma que autorizó el llamado a licitación para la concesión de las seis líneas urbanas que dependen del Municipio de Resistencia, las que junto a las siete interurbanas, componen el sistema de transporte urbano de pasajeros del Gran Resistencia.

 

¿Un semestre sin servicio público municipal de Colectivos?

Al observar detalles de las normas identificadas, vemos que hay una disociación entre ambas, cuya situación no surge que esté siendo abordada por los ámbitos correspondientes, por lo que no podemos saber cómo el Intendente piensa garantizar el servicio en el próximo semestre, ya que el esquema que proponen – y está en proceso de licitación – tendría efecto concreto sobre el servicio recién a partir del 1° de enero del año 2023, siendo que el contrato vigente con las empresas vence a mitad de este año en curso, y con él las obligaciones del concesionario, incluida la de prestar el servicio, lo que es requisito para cobrar el subsidio provincial.

Para aplicarse una prórroga del contrato vigente, debe sancionarse una nueva Ordenanza que así lo determine, como se viene proponiendo y haciendo, a propuesta del gobierno actual en lo que va de su gestión. Prórroga que también debe requerir la voluntad de las y los empresarios que hoy operan las seis líneas, y quienes sostienen un fuerte rechazo al proceso o licitación que promueve el oficialismo municipal, porque fueron prácticamente discriminados del proceso de selección, ya que las modificaciones de último momento dejaron un escenario inclinado a favor de grandes empresas y que están en otras provincias, lo que va en contra de la ley del Compre Chaqueño.

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