Aún pendiente la medida cautelar, se denuncia la arbitrariedad e ilegalidad en la aprobación.
Se conoció la resolución de la Justicia chaqueña, la que atento a la naturaleza de la presentación realizada por cinco concejalas y concejales de Resistencia determina: “téngase por promovida la Acción de Amparo” contra la Municipalidad y el Concejo, para el caso de la aprobación de la nueva Ordenanza Impositiva y Tributaria para el año 2021, N°13.477 y sus anexos.
Así el Tribunal de la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Justicia Provincial, que integran las juezas Natalia Prato – preside – y Silvia Geraldine Varas, da por justificada la urgencia y posibilidad de que existan restricciones, se alteren, amenacen o lesionen con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, derechos y garantías reconocidas por la Constitución Nacional, Provincial, Carta Orgánica y demás legislación aplicable.
Con lo que se admite el procedimiento expedito y rápido del Amparo, para atender el pedido de revisión judicial de los actos de las autoridades municipales, en la sanción de la ordenanza que establece el valor de los impuestos, tasas y patentes municipales, quedando pendiente de resolución de la medida cautelar solicitada, para la que podrían generarse mejores condiciones de juzgamiento, con el acceso a la información que debería enviar el gobierno municipal a solicitud del Tribunal.
“Nos moviliza en este sentido la situación, ya que observamos que este tipo de irregularidades que se vienen repitiendo, recaen y perjudican directamente el patrimonio, los ingresos y vulnera derechos de las y los ciudadanos contribuyentes”, expresaron.
Las y los concejales de Resistencia Carla Cantero, María Teresa Celada, Alicia Frías, Carlos Salom y Fabricio Bolatti, también observaron por irregularidades, y finalmente las denunciaron ante el Superior Tribunal de Justicia, el procedimiento legislativo y el contenido de la Ordenanza N°13.476 de Presupuesto General del Municipio 2021, que incluye delegación de facultades y concentración de poder en cabeza del Intendente, lo que está expresamente prohibido en la C.P. y la Carta Orgánica. En este caso, la denuncia está a la espera de las primeras resoluciones judiciales por parte de la máxima autoridad de ese Poder.
Para el caso de la Tributaria e Impositiva (ordenanza N° 13.477), observaron que se han incumplido y vulnerado 23 artículos de la principal legislación vigente, incumplimiento que se contrapone a dos principios generales de la tributación: “legalidad y debido proceso”, los que han sido definidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como “aquel en el cual la creación de las normas jurídicas de carácter general ha de hacerse de acuerdo con los procedimientos y por los órganos establecidos en la Constitución para ello, y a él deben ajustar su conducta de manera estricta todas las autoridades públicas”.
“Denunciamos un claro ejercicio de arbitrariedad con alto grado de ilegalidad en el desarrollo de las sesiones, y más aún a la hora de que se expresen las distintas opiniones o posiciones de las y los representantes a través del debate y la votación”, señalaron.
“En la práctica asemejamos la situación al caso de que la autoridad pública avanza o arremete en contra de la normativa vigente como si fuera una cuestión menor, y actúa fundada en su propio criterio”, sostuvieron los ediles.
“Creemos que declarar la inconstitucionalidad de ambas ordenanzas denunciadas (la prórroga tributaria y presupuesto), trascienden la necesidad de corregir un aspecto o duda legal que se distancia de las normas principales, generando perjuicios a la comunidad. Para este caso, dada la profundidad de las irregularidades y su reiterado ejercicio por parte de las autoridades legislativa y ejecutiva del Municipio, entendemos que está en juego la Institución Municipal, la democracia local, el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía, las condiciones básicas para que las y los Concejales ‘no alineados’ puedan ejercer su función o rol que les delegó su pueblo a través del voto, y más”, remarcaron.
“Por ello, y deseando estar equivocados, es que hacemos lo que está a nuestro alcance como ediles ‘castigados’ por el poder local por cumplir nuestro rol, y esperanzados en que las demás autoridades que tengan o puedan intervenir, quieran poner en valor la Constitución y la Carta Orgánica que supo el pueblo de la ciudad de Resistencia generar vía electas y electos Constituyentes en el año 2000, y que dentro del respeto a las mismas sigamos desarrollando entre todas y todos, una comunidad cada vez más justa, equitativa, inclusiva y democrática. Este es el deseo de Carla Cantero, María Teresa Celada, Alicia Frias, Carlos Salom y Fabricio Bolatti, también vecinas y vecinos de la ciudad, que hoy tienen una responsabilidad delegada por el pueblo”, finalizaron.