El boleto estudiantil gratuito no es un instrumento de ajuste ni una excusa para enriquecer a terceros
El Boleto Estudiantil Gratuito (BEG) es una política pública que nació para garantizar el acceso a la educación y aliviar el bolsillo de las familias. Ese es su objetivo desde el año 2015, en que se dictó el Decreto de creación en la gobernación de Capitanich, luego ratificado por ley a través de la aprobación del proyecto del ex diputado Fabricio Bolatti. Sin embargo, la gestión actual lo está utilizando de manera distorsionada, generando un problema que afecta el ejercicio del derecho establecido e impacta en el transporte público, para finalmente ser parte de maniobras que perjudican el erario público.
El BEG es un derecho social, no un instrumento de ajuste ni una excusa para enriquecer a terceros. La gestión actual, al subestimar la demanda y manipular los cálculos, genera un doble perjuicio:
–Estudiantes con menos viajes y más dificultades para acceder a la educación.
-Usuarios pagando un boleto más caro.
-Empresas recibiendo miles de millones de pesos adicionales sin justificación.
Cómo funciona el cálculo del boleto
El precio del pasaje se define a partir del índice de pasajeros por kilómetro (IPK). Este indicador mide cuántos boletos se requieren para cubrir el costo del kilómetro de recorrido:
- Cuantos más boletos se registran, menor es el costo por pasajero.
- Cuantos menos boletos se registran, más caro resulta el pasaje.
El gobierno de Zdero calculó el boleto único en $1.885, tomando como base apenas 5,1 millones de pasajes estudiantiles en todo el año. Pero la realidad muestra que deberían cubrirse al menos 12 millones de viajes, porque la carga masiva actual acaba de confirmar que son más de 23.000 los estudiantes activos que provienen del 2025, a los que se suman nuevas altas y activaciones, por lo que estimar en 30.000 beneficiarios para este 2026, es lo más razonable.
¿Qué consecuencias genera esta manipulación? Impacto económico
- El boleto se encarece artificialmente. Si se hubiera previsto la demanda real, el boleto debería costar $1.175, un 37% menos.
- Los usuarios pagan de más. Cada pasajero abona un boleto 38% más caro de lo que corresponde, cargando sobre sus espaldas un error —o una maniobra— del gobierno.
- El Estado transfiere recursos extraordinarios a las empresas. Al calcular menos boletos estudiantiles, se termina compensando a las empresas con más de $5.000 millones adicionales, dinero público que no era necesario para sostener el sistema.
- Los estudiantes reciben menos viajes. Antes contaban con 50 o 60 pasajes mensuales; ahora se redujo y unificó en 40, insuficientes para garantizar asistencia plena a clases y actividades educativas.
Lo que se oculta
El gobierno de Zdero presenta un escenario reducido de beneficiarios para lograr establecer un boleto más caro, en vez de tomar los 23.000 beneficiarios activos del 2025, se estimó una recaudación que se logra con el 50% de lo que significó el programa el año pasado. Esto puede significar dos cosas:
- Restricción deliberada del beneficio, para que se use lo menos posible y así pagar menos compensaciones.
- Manipulación de los números, para inflar el precio del boleto y transferir fondos públicos a las empresas.
En ambos casos, el resultado es el mismo: un negocio armado a costa de estudiantes, usuarios y del propio Estado provincial.
Al sistema SUBE no lo perjudica: solo registra viajes, por lo que es decisión de la provincia el tratamiento y financiamiento de la herramienta de inclusión. Pero si lo que se previó es erróneo, se distorsiona todo el esquema tarifario por no calcularse en base a la realidad esperada, lo que puede ser hecho intencionalmente.
Si la demanda real de boletos destinados a estudiantes ronda los 12 millones de pasajes anuales, el cálculo del valor de equilibrio del sistema se hubiera ubicado en torno a $1.175 y no en $1.885. La diferencia no es técnica ni menor, sino que genera una transferencia potencial superior a $5.000 millones, en favor de las prestadoras. Zdero no enfrenta un problema externo. El problema surge del propio cálculo adoptado para fijar la tarifa.
La pregunta es directa: ¿Error técnico grave o decisión política que beneficia a las empresas directamente?. Empresas que siguen dependiendo de su concesión de servicio a cargo del Ejecutivo provincial.
El pueblo merece claridad y justicia. El Boleto Estudiantil Gratuito debe ser defendido como lo que es: una conquista social, no un negocio de Zdero.