Compra Directa para elegir a los amigos y aplicar sobreprecios
El arte de decir una cosa y hacer otra nos gobierna. Hoy convivimos con un verdadero festival de sobreprecios en la obra pública y en la contratación de servicios, que se paga con la plata del Estado, es decir, con el esfuerzo del pueblo.
El gobierno provincial y el municipal coordinan más de lo que se cree: poco en gestión, pero mucho en acuerdos de contratación. Ambos coinciden en un esquema que les permite evadir la Licitación Pública y refugiarse en la Contratación Directa, el mecanismo que abre la puerta a elegir empresas a dedo y fijar precios discrecionales.
Manipulación normativa
La Ley de Administración Financiera establece montos que obligan a contratar bajo distintos procedimientos: Contratación Directa, Concurso de Precios, Licitación Privada y Licitación Pública. La diferencia entre uno y otro depende del monto de la contratación.
El gobernador Zdero modificó esos límites de manera arbitraria: elevó el piso de la Licitación Pública de $135 millones a más de $1.000 millones, un incremento del 641% desde que asumió. No fue la inflación la causa, sino la necesidad de alejar la obligación de licitar en procesos transparentes.
La gestión de Roy Nikisch aprovechó esta decisión “como anillo al dedo”. Se escuda en la supuesta adhesión a la normativa provincial a través de la Ordenanza 8.936, que en realidad regula otro tema y no las contrataciones. El resultado: más de 9 de cada 10 contrataciones se realizan por Compra Directa, el mecanismo menos transparente y más propicio para el sobreprecio.
Vacío legal y discrecionalidad
Consultas realizadas muestran que no existe una norma municipal expresa y vigente que disponga la adhesión integral al régimen provincial. El municipio debería regirse por su Carta Orgánica y ordenanzas propias, que fijan límites mucho más bajos para habilitar la Licitación Pública.
La aplicación de parámetros provinciales en el ámbito local genera un vacío jurídico y una práctica administrativa discrecional, incompatible con la magnitud económica de las contrataciones. Se afecta así la publicidad, la igualdad entre oferentes y la transparencia en el manejo de fondos públicos.
En conclusión, la combinación de decisiones provinciales y municipales configura un esquema diseñado para evadir la Licitación Pública y consolidar la Compra Directa como regla. Esto permite elegir empresas amigas, fijar condiciones a medida y aplicar sobreprecios que terminan pagándose con el dinero del pueblo.