Participamos de la Comisión Mixta de Transporte de la Municipalidad de Resistencia junto a usuari@s, empresari@s, funcionari@s responsables del área de Transporte de la Provincia y Municipio, Concejal@s y trabajadoras y trabajadores municipales, donde se analizó la realidad del transporte de colectivos en la ciudad.
Lo primero que escucho en la reunión de Comisión, es que “el Municipio no está en condiciones de abordar la elaboración de un cuadro de costos de las líneas urbanas”. Lo que no saben o no quieren saber, es que DEBEN HACERLO por estar estipulado en el pliego de concesión; el paso posterior es elevar a la Comisión Mixta de Transporte (que no fue convocada anteriormente) para su evaluación y dictamen.
Sobre esa base: “elaboración de cuadro de costos y pase por Comisión Mixta”, debe ser resuelto el costo y las condiciones del servicio en el ámbito del Concejo Municipal.
Esto fue lo que reclamamos anteriormente en la Sesión Especial donde se trató el último aumento, y que no fue aprobado justamente POR NO CUMPLIR CON ESTAS EXIGENCIAS BÁSICAS.
Situación actual
Antes de asumir la intendencia, Gustavo Martínez, en su carácter de Presidente del Concejo tuvo durante dos años “cajoneado” e impidió la aprobación del pliego para licitar el Nuevo Sistema de Transporte que se diseñó desde la gestión de Capitanich como Intendente. Martinez solicitó se prorrogue por un año y medio la actual situación y que en ese plazo se iba a diseñar y presentar el nuevo esquema. Sin embargo, ese plazo de prórroga vence a fin de este mes, y LA CIUDAD PODRÍA QUEDAR SIN SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO.
Ante ello, presuntamente, es que mandaron un proyecto de ordenanza al Concejo para resolver el tema. Creíamos que llegaría una propuesta superadora de la situación, pero en cambio, mandaron un proyecto oficial con dos artículos:
1°) AUMENTO DE BOLETO, estableciendo las nuevas tarifas pero sin adjuntar el correspondiente cuadro de costos que lo justifique.
2°) la DELEGACIÓN DE FACULTADES Y POR ENDE LA CONCENTRACIÓN DE PODER EN LA INTENDENCIA: lo que está prohibido expresamente por la Constitución y la Carta Orgánica de Resistencia, aunque hasta acá, avalado por la Justicia para poder modificar y establecer nuevas condiciones de servicio, es decir, PARA HACER LO QUE QUIERA.
