Se pretende gobernar a través de una empresa de amigos, la que no será controlada
Una de las características de la gestión de Gustavo Martínez, es la falta de información y explicaciones sobre los actos de gobierno, sin embargo, en esta oportunidad, fue su propio titular quien se extendió y justificó la propuesta de crear una “empresa a medida”, porque así podría cumplir con el deber de realizar la recolección domiciliaria de residuos urbanos no tóxicos (función o incumbencia tan añeja como la propia institución local).
Estas afirmaciones evidenciaron el objetivo y camino que se quiere transitar, que no es otro que el mismo que se encaró para las obras públicas, el cobro de impuestos, el manejo de tierra pública, la pauta de medios, los contratos, el alquiler de inmuebles, y otros, donde la intención es la de apropiarse exclusivamente del poder de disponer libre y discrecionalmente de todo recurso material y humano, así como del efecto de sus acciones, con un objetivo netamente personal de perpetuidad y acumulación.
UNA EMPRESA A MEDIDA DE LAS NECESIDADES
El diseño propuesto se ajusta a la necesidad que tiene la gestión actual de ocultar e impedir el acceso y difusión de la información pública, de manera que el destino de los recursos públicos acumulados legal o ilegalmente (con uso de facultades delegadas, quita de recursos destinados al funcionamiento de concejalías que no se allanan, cercenamiento y ajuste sobre condiciones laborales, etc), llegue a conocerse lo menos posible, especialmente las condiciones de contratación, como ser los valores de los alquileres, el precio de las obras, las certificaciones realizadas, etc., unidades de medida donde se expresa y justifica el pago que realiza el Estado.
Tras el no acompañamiento a la iniciativa oficial, han declarado públicamente que “la solución definitiva” es la creación de esta “empresa municipal de servicios con gerenciamiento privado”, con “organización y financiamiento propio”; que “nunca vamos a tener un sistema ordenado, único y alternativo”; y que “si no tenemos una solución definitiva es culpa de ‘estos’ concejales que quieren contratos, que piden cosas a cambio”. Con lo expresado, queda claro el objetivo pretendido con la implementación o imposición de esta iniciativa legislativa que debe resolver el cuerpo de Concejales y Concejalas: una imposición ejercida sobre la situación laboral y funcional de quienes integran el equipo de cada edil, estrategia que alcanzó resultados legislativos oportunamente y situación que, de no lograrse, afecta totalmente la capacidad de gestión que mínimamente debe desarrollar un o una representante popular.
LA NECESIDAD DE QUE NO SE SEPA
Probablemente fueron escollos los incumplidos requisitos legales previstos en el régimen vigente para la administración de recursos públicos yde publicación o acceso a la información de los actos de gobierno. Fueron las normas y disposiciones de publicación obligatoria las que aportaron y aportan información, y permiten ver los principales pasos que va dando un gobierno, en este caso municipal.
Para el caso de las contrataciones, se aplica la ordenanza específica, la que para mayores montos exige el llamado a licitación pública, por lo que es probable que un contrato de alquiler de camiones o prestación de servicios de transporte de carga por diez o más años, requiera la realización de licitación pública, lo que dejaría ver la existencia de acuerdos previos y precios más altos que lo necesario, como sucedió y sucede con las obras públicas que ejecuta el Municipio, donde se destaca una empresa que lidera toda convocatoria pública.
PERCIBIMOS OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS Y MÁS ACUMULACIÓN DE PODER
Disponer de recursos públicos para contratar servicios, obras o personas, sin tener que demostrar la contraprestación real, ni publicar el acto de gestión, genera una oportunidad inmejorable para “llevar a la casa” lo ajeno.
Diseñar y armar a medida una estructura que busque ser un monopolio del cual haya una dependencia exclusiva de la gestión de turno (prohibido expresamente por la Carta Orgánica), en cuanto a la prestación de este y otros servicios esenciales, otorga un poder importante a quien lo puede ejercer. Similar al poder que ejerce quien puede suspender o impulsar una medida que deje sin servicio de recolección de residuos a toda o parte de la ciudad, ejerciendo con ello una presión que recae sobre quienes realmente desean que todo funcione lo mejor posible.
Pudimos ver acumulación de residuos en barrios y lugares públicos de la ciudad, donde el impedimento para su recolección no han sido “los palos en las ruedas que ponen concejales”, sino la falta de voluntad e intención de realizarlo por parte de la gestión municipal, ya que disponiendo de más camiones todo se comienza a normalizar, puesto que el personal y el diseño logístico es municipal, como hace años.
El problema o solución, si se quiere, es que el contrato leonino que implementó la gestión de Aida Ayala por más de diez años (suficiente tiempo para planificar alternativas de continuidad), y muy parecido al que se quiere ejecutar ahora, llegó a su fin, por lo que no se comprende lo que las y los resistencianos tuvieron que pasar con respecto a la basura abandonada en veredas y predios de la ciudad.
¿Será todo esto parte de una estrategia para que la opinión pública llegue a justificar el pago de altos precios, enfrascados en lo que el Intendente expresa cuando dice “a la gente no le interesa qué empresa es, sino que se preste el servicio”?
“RELEVAMIENTOS CATASTRALES” EN EL MUNICIPIO
Para quienes no recuerdan o no saben, esta historia data de 1996, donde se implementa un contrato de “gerenciamiento tributario” por el cual se delegan aspectos de la potestad tributaria, quedando el trabajo en la estructura pública.
El pago por este trabajo al “gerenciamiento privado” fue de un porcentaje sobre la mayor recaudación nominal, lo que suele darse automáticamente en un escenario de inflación. A su finalización en el año 2006, fue renovado en las mismas condiciones por 10 años más, oportunidad donde el municipio debía recibir como propio todo el equipamiento y los programas implementados. A su finalización fue renegociado y renovado por un plazo menor.
Este acuerdo innecesario llegó a significar la transferencia del 10% de la recaudación propia, y al momento de su renovación en el año 2006, había costado el equivalente a UD$20 millones de dólares.
Por último, asemejar esta iniciativa que transfiere recursos públicos a amigos privados, con el ilegal pago de honorarios extrajudiciales que obliga la gestión a pagar a contribuyentes morosos, pago que se hace por fuera de la administración formal del municipio, es, como lo dijimos hace tiempo, una gestión “fiel a su estilo”.