Los concejales del Frente Chaqueño, Fabricio Bolatti y Alicia Frías, salieron a aclarar aspectos centrales sobre la situación que atraviesa el Transporte Público Urbano de Resistencia, haciendo eje en dos temas centrales: la situación en que se dio la prórroga del servicio (por 90 días); y los efectos de una medida judicial vigente que hoy recae sobre el proceso licitatorio que puso en marcha la gestión de Martínez.
“Si comenzamos por el mensaje final, debemos decir que claramente hoy el servicio público se sostiene en una norma ilegal, no suficiente como para garantizar el transporte de pasajeros en el tiempo”, señalaron los ediles y agregaron, “esta es otra de las irregularidades a las que nos tiene acostumbrados la gestión actual de la Municipalidad”.
En esa línea, Bolatti y Frías ratificaron que la licitación del nuevo programa de Transporte Urbano de Pasajeros de Resistencia se encuentra suspendida por lo dispuesto en la sentencia de la Cámara Contencioso Administrativa, tras un recurso interpuesto por las propias empresas del sector.
El Ejecutivo se arroga facultades desde una delegación no vigente
Los concejales detallaron que tanto la Ord. 13.260 como la Ord. 13.555, establecen plazos límites dentro de los que el Departamento Ejecutivo queda facultado para extender las concesiones vigentes. Así fue que la prórroga de la primera ordenanza citada fue hasta el 30 de junio del 2021, y las segunda hasta el 30 de junio de 2022. “El Ejecutivo cita como propias, facultades cuya delegación ya no se encuentran vigentes. Se miente solo”, sostuvieron.
¿Qué dicen las ordenanzas mencionadas?
Ord. 13.555: “Prorrogar la vigencia de la Ordenanza Nº13.260, en todo lo referido en sus anexos, facultando al Dpto. Ejecutivo Municipal a extender las Concesiones, Convenios y Contratos vigentes, hasta el 30 de junio de 2022”.
Ord. 13.260: “Ratificar y Prorrogar la vigencia de la Ordenanza Nº12.294, facultando al Sr. Intendente Municipal a extender las concesiones, convenios y contratos vigentes, hasta el 30 de junio del 2021”.
“Se puede observar claramente que las facultades otorgadas por las normas para la extensión de plazo o prórroga, se dan por un período establecido, es por ello que decimos que la Resolución de Intendencia (Nº: 1396), por la que se extienden las concesiones del servicio por 90 días, es ilegal”, aseveraron.
La misma en su texto expresa: “…Extiéndase, conforme las facultades otorgadas por la Ordenanza Nº 13.555, la vigencia de concesiones, convenios y contratos, del servicio de transporte urbano de pasajeros, por el término de noventas (90) días”.
“El Ejecutivo Municipal toma como respaldo la Ord. 13.555 para extender la concesión, pero está claro en el texto de la norma que las facultades sólo eran válidas hasta el pasado 30 de junio, por lo que está expuesta la irregularidad cometida por el Intendente al arrogarse facultades que le son propias al Concejo Municipal, lo que además, está prohibido por la Constitución Provincial y la Carta Orgánica”, subrayaron.
Un servicio esencial en riesgo ante la imposibilidad de cobrar subsidios
Para el servicio de transporte de ómnibus, hay una permanente política de subsidios que permite un boleto más accesible para los y las usuarias. Hoy, ese subsidio pagado por el Gobierno provincial, es ahora nuevamente por aportes de la Nación, alcanzan a cubrir poco más del 50% del costo del mismo. Es tal su importancia, que sin ese aporte el servicio no se podría prestar porque pasa a ser muy deficitario para las prestadoras.
“La irregularidad manifiesta en la resolución de la intendencia para prorrogar la concesión del servicio, pone en riesgo la percepción de estos aportes, ya que es fundamental en el trámite de solicitud la comprobación de las formalidades básicas, como son las concesiones otorgadas por la autoridad competente”, indicaron los concejales.
La desobediencia judicial, una característica más de la gestión municipal
Por último, Bolatti y Frías se refirieron a la desobediencia judicial por parte del Ejecutivo Municipal que viene repitiéndose desde el inicio de la gestión. “Repetidamente venimos observando desobediencia a los fallos judiciales, como ocurrió con el impuestazo, lo que le costó a la persona del Intendente la determinación de astreintes, que no pagó y está en proceso judicial de cobro; también en la inconstitucionalidad de la Tributaria 2021”, mencionaron.
“Ahora tomamos conocimiento de algo similar durante las elecciones de integrantes de la Comisión Redactora de un proyecto de ordenanza, y para completar, estamos comenzando a transitar la misma situación en el fallo que suspende el proceso licitatorio del transporte público, porque, entre otras cuestiones, no se garantizó la participación del ente provincial de Transporte, quien es autoridad del sistema a nivel provincial y además quien financia gran parte de los subsidios que se reciben, por lo que sin su participación y aval, es imposible su funcionamiento”, remarcaron.
“Pero la rebeldía pasa a ser irresponsabilidad, porque tanto la máxima autoridad del Ejecutivo como del Concejo, siguen impulsando y continúan con los trámites y procedimientos que ellos definen como necesarios, ya que la licitación pública en los hechos, indica que no está abierta a todos los interesados, sino a los que son aceptados informalmente”, concluyeron los ediles del Frente Chaqueño.